Para producir el desempate social que la justificara, la dictadura cívico-militar asestó un golpe mortal sobre el Estado inclusivo creado por el primer peronismo, tarea que se completará en los 90. Martínez de Hoz debe ser considerado, como Rivadavia, un hombre que se adelantó a su época.

Por Jorge Devincenzi / MIRADAS AL SUR- Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Esta reconfiguración que nos volvería al mítico granero del mundo requirió del terrorismo estatal para apurar la concentración de la economía a favor de los grupos que se apoderaron del Estado, que a su vez funcionaban como socios menores de los grandes factores del poder económico mundial.

Sin los contrapesos de la democracia, se implementó una política discrecional de saqueo que generó un descomunal botín constituido por bienes públicos y privados.

Los delitos con motivación económica fueron de muy amplio espectro, como algunos antibióticos, y para realizarlos fue habitual que se recurriera al secuestro, la tortura y la muerte clandestina. La siderúrgica Acindar (en ese entonces de la familia Acevedo, y de la que Martínez de Hoz era gerente) absorbió a varias de sus competidoras (Gurmendi, Marathon, Grassi, Aceros Santa Rosa) pero también secuestró y desapareció a las comisiones internas y convirtió a la planta en un centro clandestino de detención.

La impunidad típica del poder tradicional, que pasa por seguridad jurídica y tiene conocidas ramificaciones en la actualidad, se potenció con el uso del terror estatal. Desde la deuda externa argentina financiada con dinero argentino depositado en el exterior hasta los muebles y televisores que levantaba la patota al “reventar” una casa, y que luego se vendían sin ocultar su origen, o las extorsiones a familiares de las víctimas. Desde el secuestro de tenedores de acciones para derrumbar la valorización bursátil de una empresa que los filibusteros tenían en la mira, hasta la falsificación de escrituras o la firma de actas de directorio con los accionistas secuestrados para hacerse de viviendas, campos y establecimientos fabriles.

También las disputas internas se resolvían con métodos violentos, y donde ponían el ojo solían poner también la bala.

El banco de Hurlingham propiedad de David Graiver (a quien sindicaban como financista de Montoneros) fue intervenido por decreto de Videla, quien designó al abogado Aurelio Cid al frente de la entidad. Cid, quien había sido socio de Martínez de Hoz en su estudio, nombró como gerente a Enrique García Mansilla que reportaba a Massera. Ambos serían secuestrados después por un grupo del Ejército enfrentado a Martínez de Hoz, y luego Suárez Mason obtuvo como trofeo la conducción de YPF. Cid no parece haber aprendido nada de esa experiencia porque hoy es adherente del minigrupo político conducido por López Murphy, quien en esa época asesoraba a Martínez de Hoz al frente de la consultora FIEL.

En el mismo orden puede considerarse el homicidio de Miguel Padilla, asesor de Martínez de Hoz y ex-abogado de ingenios azucareros, ejecutado al salir de su casa en Olivos por un grupo de la Esma. Aunque el hecho fue atribuido a Montoneros, un telex enviado a Washington por la embajada de EEUU en Argentina revela que resolvió alguna interna del poder quizás relacionada con el caso Gutheim, porque el muerto se aprestaba a viajar a Hong Kong.

El director de Inversiones Extranjeras Casariego de Bel desapareció para ocultar el fraude al erario público cometido por la Ítalo contra el Banade por la compra de bienes de capital.

El grupo comandado por el “mayor” Guglielminetti, del 601, desarrollaba una guerrita privada contra entidades financieras cuyos directivos profesaban la confesión judía. A las prisiones clandestinas de Campo de Mayo fue a parar el directorio completo de la Financiera La Agrícola Ltda. Martínez de Hoz propició la concentración financiera multinacional y persiguió a los que consideraba advenedizos del negocio bancario como Oddone, Pirillo, Trosso y el grupo Greco. En el período desaparecieron unos setenta bancos y compañías financieras en beneficio de los de origen extranjero gracias a la ley que todavía rige.

Técnicos civiles del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores participaron de los tormentos aplicados a decenas de empresarios. El procesado y ya fallecido Juan Alfredo Etchebarne, titular de esa última entidad dependiente del ministerio de Economía, participó de las torturas a los directivos de Industrias Siderúrgicas Grassi de Rosario, que además de estar eventualmente relacionadas con Graiver, competían con Acindar. Así lo confesaron en sede judicial varias de las víctimas, integrantes del llamado grupo Chavanne. La colaboración de civiles fue decidida en Economía luego de que el Ejército advirtiera que no poseía “capacidad técnica” para obtener información valiosa en los interrogatorios, y no es improbable que el desbocado Juan Alemann supervisara las distintas operaciones “financieras”.

Los Gutheim fueron secuestrados y llevados en esa condición al despacho ministerial de Martínez de Hoz para obligarlos a firmar permisos de importación de la empresa Sadeco. La justicia pudo determinar en la llamada causa Chacras de Coria (Mendoza), que Massera, Rolón, Perrén, Cavallo, Radice, Acosta y otros personajes de la Marina se apoderaron de bienes inmuebles, secuestrando y desapareciendo a sus legítimos dueños, para lo cual contaron con una larga cadena de complicidades civiles e institucionales. Veinte empleados y todos los accionistas y empleados jerárquicos de la metalúrgica Mackentor (Córdoba) fueron secuestrados y detenidos en Campo de la Ribera por orden de Luciano B. Menéndez, y así permanecieron más de cuatro años. El ejército ocupó la empresa aduciendo que pertenecía a Montoneros. Los Iacarino fueron secuestrados en 1976, y “vendieron” más de 20 mil hectáreas de campo en Santiago del Estero mientras estaban alojados en Coti Martínez.

Por temor, sólo una pequeña parte de los afectados por estas maniobras ilegales se presentó ante el Estado. Los tiempos hoy lo permiten.