Bajo la cobertura de la nueva "Ley de Seguridad", de neto corte fascista y discriminatoria, las autoridades italianas podrán salir a la "caza" de ciudadanos indocumentados para "defender el orden y la seguridad".

Como aparecieron grupos como la Guardia Nacionalista, con uniformes que recordaban a los nazis, el texto definitivo impone que los patriotas no usen uniformes ni armas y que se limiten a avisar a la Policía si advierten que algo no va como debe.

Como contrapartida, las protestas crecen e intelectuales encabezados por el premio Nobel de Literatura Dario Fo y los escritores Antonio Tabucchi y Andrea Camillieri lanzaron un llamado "contra el regreso de las leyes raciales en Europa". Recordaban las siniestras leyes contra los judíos de 1938 de la dictadura de Benito Mussolini.

El Senado aprobó ayer definitivamente la ley que el Partido Democrático, el principal de la oposición, consideró "un daño para el país", mientras que el primer ministro Silvio Berlusconi dijo que las nuevas normas servirán para "aumentar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos".

La Ley de Seguridad fue aprobada por el Senado con 157 votos a favor, 124 en contra y tres abstenciones, después de que el gobierno, que tiene mayoría absoluta en las cámaras, impuso el voto de confianza para impedir un debate que hubiera sido incandescente sobre las duras normas contra los inmigrantes.

En Italia hay un creciente clima de xenofobia que todos los días produce incidentes muchas veces no denunciados. La crisis económica, que se sigue agravando, aumenta más la hostilidad hacia los inmigrantes, legales e ilegales. La Cámara de Diputados había aprobado el proyecto de ley en mayo.

Se estima que en la península hay unos 600 mil inmigrantes indocumentados.

De ahora en adelante, el extranjero que entra o permanece en forma ilegal en Italia comete el delito de inmigración clandestina y puede ser castigado con la expulsión inmediata y multa de hasta 10 mil euros, unos 14 mil dólares. Los expertos prevén que las expulsiones podrían pasar al doble de las 28 mil aprobadas el año pasado.

Los centros de permanencia se convertirán en centros de identificación y expulsión. La estadía máxima pasa de 2 a 6 meses, para completar las medidas de expulsión, que actualmente quedan incompletas.

Telam